La cascada de decisiones del gobierno en materia de salud es francamente deprimente. No solo por el evidente deterioro que sufren los ciudadanos en la prestación de los servicios con las normas de emergencia, sino por la pobreza conceptual de las mismas y la torpeza imperdonable que ha rodeado su expedición.
Decisiones que desconocen hasta la naturaleza jurídica de la obligación médica, para no hablar de la intención clara de favorecer al negocio de las empresas privadas que explotan la salud, y cuyo supuesto deterioro no aparece aclarado ni explicado a la ciudadanía. Y es que cuando los altos servidores del Estado saben que una decisión determinada tiene costo político, en lugar de pagarlo, tratan de disimularlo tan torpemente que caen en resultados peores de los que han pretendido evitar.
Como si el propio gobierno no hubiera agravado el problema con su manejo torpe y escandaloso de los dineros del Fosyga, lo que ha contribuído sin duda a enredar las cosas y a darle a los gestores del POS, argumentos y disculpas.
Todo lo cual demuestra, una vez más y si faltaran otras razones, que los gobiernos largos son aún peores cuando se sostienen en la mediocridad y la incompetencia.
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