La extradición es una figura muy antigua en el derecho. Los romanos la incuían en sus alianzas para evitar que los delincuentes se libraran del castigo, por el simple expediente de trasladarse a otro territorio. Jamás se entendió que ella significara un sacrificio de la autoridad y del "imperium". Al contrario, era un medio de garantizar que se desconocieran precisamente las leyes del país en donde se habían cometido los delitos.
Más tarde, con el desarrollo del "due process of law" en el mundo anglosajón, se entendió que el hecho de ser juzgado por sus pares y conforme a la ley de la tierra ( the law of the land ) formaba parte del derecho de defensa. Es por ello que ciertos países se niegan a entregarle a otro a sus propios nacionales. No es pues una cuestión de soberanía, como lo pretenden incluso algunos juristas de cartel, convertidos en políticos, sino un asunto vinculado al derecho fundamental al debido proceso.
Y esa circunstancia ha sido lo que ha propiciado la controversia en torno de la extradición; no obstante casi ningún país niega la extradición de extranjeros, lo que confirma que no se trata propiamente del derecho del Estado sino del derecho de los ciudadanos a ser juzgado por quienes conocen las leyes bajo cuyo régimen ha vivido.
Lo cual, por supuesto, no tiene importancia cuando lo que se plantea no es una cuestión jurídica sino política.
No hay comentarios:
Publicar un comentario