Magistrada ?

Ante la creciente «judicialización» que en las últimas tres décadas ha experimentado la vida política de Estados Unidos, hay pocas decisiones presidenciales tan relevantes como la nominación de jueces vitalicios para el Tribunal Supremo. La voluntaria jubilación del magistrado David Souter ha planteado la oportunidad a Barack Obama de llevar su impronta hasta la máxima instancia judicial, que ahora funciona con una precaria mayoría conservadora.

El propio caso del magistrado Souter ejemplifica de forma irónica todo los intereses en juego a la hora de reemplazar a un magistrado del Supremo de Estados Unidos. Nominado por Bush padre con el objetivo de reforzar las posiciones conservadores en la Alta Corte, el taciturno juez de New Hampshire -Souter- ha respaldado una y otra vez la jurisprudencia de los magistrados más liberales.

Dos frentes

La actual batalla se va a librar en dos frentes paralelos. Por un lado, el Senado, que tiene la responsabilidad de confirmar las propuestas judiciales de la Casa Blanca. Sin que sea la primera o la última vez que un nominado se queda con las ganas. Y por otro lado, el frente de todos los grupos de presión que vinculan su activismo a la composición de la Alta Corte. De hecho, todo este proceso -en el que no faltan desde propaganda a intensas escaramuzas políticas- es comparado con una «mini-campaña» presidencial.

En las actuales circunstancias, las mayores presiones sobre la Casa Blanca pasan por la nominación de una mujer para mantener una cuota de al menos dos juezas entre los nueve miembros del Supremo. La única magistrada en estos momentos, Ruth Bader Ginsburg, se ha sumado públicamente a las peticiones de incluir más mujeres en la cúpula judicial. Lo que en su caso tiene una especial trascendencia por padecer un grave cáncer, por lo que se perfilaría como una próxima vacante.

Las mayores presiones insisten en la nominación de una magistrada para mantener una cuota de al menos dos frente a siete hombres

La comunidad hispana también está aprovechando para solicitar su acceso al Supremo, no satisfecha con el histórico precedente de Benjamin Cardozo (judío de origen portugués nominado en los años treinta). De acuerdo con las cuentas que circulan por Washington, de los más de doscientos altos cargos de la Administración Obama presentados al Senado para ratificación, solamente una veintena son hispanos. Lo que representa un 9,8% frente a una población en camino de representar un 15% del censo.

La intersección de estas presiones ha colocado a la cabeza de las quinielas a Sonia Sotomayor, jueza federal en Nueva York. De origen puertorriqueño, su atractiva historia personal incluye una infancia de pobreza en el South Bronx, afán de superación hasta graduarse de Derecho por Yale, y una ascensión con respaldo bipartidista en la judicatura federal. Ya que fue nominada originalmente por Bush padre en 1992 y ascendida seis años después a la Corte de Apelaciones por el presidente Clinton.

Comunidad «gay»

La comunidad «gay» también ha entrado en liza en esta disputa con el argumento de que la Administración Obama está haciendo muy poco por ellos, y la insistencia en que su causa -reflejada en el goteo de Estados de la Unión que están aprobando el matrimonio de personas del mismo sexo- no es diferente a la lucha por los derechos civiles de los negros. Y de hecho, las quinielas mencionan a dos juristas de la Universidad de Stanford abiertamente lesbianas: Kathleen M. Sullivan y Pamela S. Karlan.

Ante todas estas posibilidades, incluidas ministras y gobernadoras, el presidente Obama solamente ha indicado que desea alguien que represente diversidad y con capacidad de empatía.