lunes, 22 de septiembre de 2008

politicas publicas

Los jueces exigen que se respete su independencia. Es una exigencia absolutamente justificada, porque la independencia de los jueces, en especial frente a los otros poderes, es una condición de la democracia. Pero si los demás poderes del Estado deben abstenerse de cualquier presión o intromisión en la justicia, también el sistema judicial debe evitar cualquier ingerencia en el ámbito de competencia de los demás poderes.

Pero la Corte Constitucional ha decidido formular políticas públicas, suplantando al gobierno y al congreso. Así lo hizo al exigir que se tomaran medidas relacionadas con los desplazados de la guerra que ha vivido el país. Más recientemente, ese tribunal resolvió inmiscuirse en el tema de la salud, exigiendo igualmente un replanteamiento al gobierno y al legislativo.

Todo ello se hace con un argumento totalmente acomodaticio, que no es más que un pretexto para ampliar el ámbito de competencias de la Corte: el supuesto "estado de cosas inconstitucional".

Lo más grave de esas decisiones es que ellas resultan a la postre totalmente imprácticas por lo inaplicables. Pero se convierten en factores de perturbación institucional. Y en el peor de los casos, en grandes frustraciones nacionales que apenas le sirven a la Corte para hacer demagogia y populismo.

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