* Una tempestad recorre los Estados Unidos y escandaliza al mundo.
Barack Obama anunció ayer que utilizará todos los medios legales a su alcance para impedir que los ejecutivos de la compañía aseguradora AIG, rescatada con el dinero del Estado de una quiebra inminente, se repartan 165 millones de dólares (unos 128 millones de euros) como sobresueldos en premio por su gestión.
"En los últimos seis meses, AIG ha recibido sustanciosas sumas del Tesoro. He pedido al secretario [del Tesoro, Timothy] Geithner, que aproveche esa posición y utilice todos los caminos legales para bloquear esos bonos y devolverlos a los contribuyentes", declaró el presidente en una reunión con pequeños y medianos empresarios en Washington.
Esta declaración representa un paso más en la voluntad de Obama de cambiar las reglas del juego del sistema financiero norteamericano. La presión popular contra la forma en que operan las firmas de Wall Street crece cada día. Y el presidente parece dispuesto a responder a esa presión en una arriesgada batalla contra los abusos de quienes hasta ahora parecían intocables.
Esos abusos resultan especialmente "ultrajantes", de acuerdo al calificativo usado ayer por Obama, en el caso de AIG, una empresa que perdió el año pasado el equivalente a más de 30.000 millones de euros y que ha necesitado ayudas del Estado por valor de más de 130.000 millones de euros. "De todas las cosas terribles que han ocurrido en los últimos 18 meses, lo de AIG es lo más escandaloso", ha comentado el principal asesor económico del presidente, Lawrence Summers.
"No es sólo un problema de dólares y centavos. Es algo que tiene que ver con nuestros valores fundamentales... Estamos obligados a exigir una cierta ética", manifestó el presidente.
Sentada la trascendencia del problema, no va a ser fácil cumplir con la voluntad de Obama. Legalmente, no se ve qué vías pueden existir para bloquear unos bonos legalmente acordados el año pasado, antes de que la empresa presentara las gigantescas pérdidas conocidas. Geithner está discutiendo las posibles soluciones con el nuevo consejero delegado de AIG, Edward Liddy, que fue nombrado después de que el Estado asumiera el control del 80% de la compañía y, por supuesto, cuando los sobresueldos estaban ya establecidos. Liddy ha comunicado al secretario del Tesoro que ahora no ve forma legal de pararlos. El fiscal de Nueva York, Andrew Cuomo, pidió ayer información sobre los bonos a AIG.
Este episodio complica en cierta medida los planes económicos de Obama porque exacerba el rencor contra Wall Street y dificulta el respaldo del Congreso a nuevos y quizás necesarios planes de actuación en el sector financiero.
[AIG ha publicado la lista de entidades a las que abonó parte de las ayudas, pues eran la contrapartida de la aseguradora en diversas operaciones, como seguros por impago. La encabezan Goldman Sachs (9.900 millones de euros), Bank of America y Merrill Lynch (9.200 millones), Société Générale (9.150 millones) y Barclays (6.500 millones). El Santander figura con unos 230 millones].
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