Son los efectos, -uno más de la guerra-. El llamamiento a calificar servicios de los oficiales del Ejército, - y no su destitución, como aduce con su acostumbrada ligereza la prensa-, es la respuesta del Gobierno a la críticas hechas desde Madrid por AI sobre su connivencia con los desmanes de las fuerzas armadas y la violaciones a los derechos humanos que a ellas se les atribuyen.
Pero nos preocupa la precipitación de la medida, tomada, sin duda ad favorem de galería. Quién sabe qué tan bien fundada haya sido. Para que no nos cueste a los contribuyentes, más tarde, exorbitantes sumas por concepto de indemnizaciones.
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