Plea bargain

Una de las demostraciones más ilustrativas de la nula función comunicadora e ilustradora que ejercen los medios en este país, es el absoluto desconocimiento que tiene la gente sobre la Ley de Justicia y Paz, su relación con la extradición, y el plea bargain en el sistema judicial norteamericano. Ante todo, la ley es un intento por lograr un arreglo en la situación de guerra que ha vivido y vive el país. En otros Estados, la solución a los conflictos ha sido buscar a todo trance la paz, así se sacrifique la justicia. Para ello se aprobaron en el pasado las leyes de "punto final', que se sintetizan en una especie de decisión de "no preguntes-no pregunto": el Estado no castiga a los suyos que hayan violado los derechos humanos, pero tampoco investiga a quienes lo hayan hecho en el bando contrario. Así se hizo en Uruguay, en Argentina, y en Chile. Pero como esas leyes no eran el fruto de un compromiso, se consideraron inaceptables tiempo después. Al fin y al cabo los gobiernos que las propiciaron carecían de legitimidad. Pero en ninguna parte del mundo se ha logrado realizar un proceso que logre la paz sin sacrificar total y absolutamente la justicia. Y eso es lo que se ha intentado en este país: que quienes acepten desmovilizarse y entregar las armas, acepten igualmente que deben pagar al menos una parte de la condena que les correspondería si fueran sometidos a un juicio objetivo y justo. Y ello con el compromiso de confesar toda la verdad, y comprometerse a no reincidir jamás en su conducta delictiva. El tiempo a pagar es breve, pero es mejor que ninguno: 8 años. Y es explicable y entendible que, ante la enormidad de los crímenes, mucos se rebelen indignados. Pero es el precio de la paz.

Ahora, el gobierno resolvió extraditar a los Estados Unidos a los jefes paramilitares que, según él, estaban reincidiendo. Quizas una confesión de hecho de la incapacidad del aprato represivo y de control del estado, para impedir esas actividades reincidentes. Y ello, claro está, es parte del problema creado por el estado de cosas que ha vivido el país. Y lo que sigue es que esos extraditados solo podrán ser juzgados allá por los delitos cometidos en relación con el país que los estaba reclamando. Y no por sus crímenes cometidos aquí.

Y luego está el plea bargain, o sistema de negociación de penas. Pocas cosas indignan más a nuestras gentes que la justicia negociada. Que está extraordinariamente lejos de nuestros propios conceptos de justicia como una noción trascendente y llena de contenido moral. Para ellos, los americanos, el problema es distinto; práctico y material. Se trata de ahorrarle costos al sistema penitenciario y por tanto al contribuyente; un arreglo directo con el acusado evita tener que adelantar una prolongada investigación que resultaría costosa en recursos materiales, en tiempo, y en personal; es más barato reducir la pena y, eventualmente, lograr que el detenido denuncie a sus cómplices. Algo que suena brutalmente capitalista a los oídos de nuestra gente. Y sin embargo, parece que en la negociación, uno de los peores jefes paramilitares obtendrá una rebaja sobre la pena posible allá; recibirá 27 años. Que son tres veces más que lo que hubiera recibido aquí con la ley de justicia transicional, dictada paradójicamene, en busca de un poco de justicia por toda la paz.