Colombia ha sido abanderada del asilo político. Lo ha defendido y practicado a lo largo de muchos años, y su posición fué siempre admirada y respetada. El momento estelar fué el caso Haya de la Torre. Durante el gobierno del General Odría, el fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) debió refugiarse en la embajada colombiana, y allí permaneció durante cinco años (1.948-1.954) por la negativa del gobierno peruano a concederle el salvoconducto que le permitiría abandonar el país. Lo más extraordinario de todo fué que en Colombia había en ese entonces un gobierno conservador en las antípodas ideológicas del Dr. Haya de la Torre, y sin embargo el país honró su compromiso con la defensa del derecho de asilo.
Pero el derecho de asilo solo se le concede a quienes son perseguidos por razones políticas y no a delincuentes o sindicados comunes. Y esta es la doctrina que Colombia siempre ha respetado, como cuando concedió también el asilo al Dr. Alan García, a pesar de que el gobierno peruano alegara que lo buscaba por razones diferentes a las que justificaban ese amparo.
Y si este país ha actuado de la manera que se ha dicho, mal podría entender que otra nación le hubiera concedido asilo a un personaje buscado por órden de la Corte Suprema de Justicia, como afortunadamente no ocurrió.
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