Se cumplen tres años de la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres hipótesis, y se multiplican las críticas de quienes consideran que no ha habido una implementación de los mandatos de la decisión. El problema se hace consistir en causas que no son las fundamentales. El aborto, ciertamente, continúa siendo una rareza por la oposición de diversos sectores de la sociedad, la Iglesia especialmente, y de los propios médicos que alegan permanentemente objeciones de conciencia para no aplicar las medidas necesarias, pese a la voluntad de las afectadas y el cumplimiento de los requisitos legales.
Pero lo cierto es que esta situación era de esperar, porque cuando una transformación jurídica de esta naturaleza proviene de los tribunales y no del legislador, ella se enfrenta la oposición de los sectores que, precisamente no han permitido la transformación a través del Congreso. Para decirlo en otras palabras, no es fácil introducir cambios tan radicales en sociedades tan conservadoras como la nuestra por la vía de la jurisprudencia. Es lo que ha ocurrido incluso en un país como los Estados Unidos donde sobreviven poderosas fuerzas contrarias al aborto, a diferencia de Europa donde la "interrupción voluntaria del embarazo" se adoptó dentro de los Parlamentos por la vía legal, con una resistencia mucho menor, -aunque también la hubo,- porque esas sociedades, de orientación laica, estaban realmente preparadas para aceptar la decisión por la vía democrática.
Hay que entender entonces que la jurisprudencia es una alternativa compleja y riesgosa. Y comprender que la decisión de la Corte no es ninguna culminación del proyecto reformador, sino apenas el comienzo institucional del mismo. Y ello porque el camino real de las reformas sociales es la democracia y no el discutible papel de los jueces legisladores.
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