Aparecido originalmente en Francia, tuvo como explicación la necesidad de resolver situaciones de extrema urgencia que requerían contratar personas sin tener que pasar por los requisitos impuestos por el régimen de "carrera administrativa".
Aquí se incorporó a los estatutos de contratación del Estado, también para resolver situaciones de urgencia, y sobre la base de que no se utilizara para el ejercicio de funciones administrativas.
Vana esperanza: las entidades públicas pronto descubrieron que era una herramienta invaluable para mantener ilegales y desproporcionadas nóminas paralelas, con la aquiescencia de todos los gobiernos.
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