-Vivo o Muerto ?

El debate se refiere a si el Estado debe pagarle la recompensa que ha ofrecido públicamente, a un miembro de las FARC que asesinó a su jefe para cobrar esa recompensa. El problema suscita, sin duda grandes reservas morales, jurídicas y éticas. Pero, no me parece que la controversia se deba plantear en relación con el pago de la recompensa sino con la cuestión previa de si es lícito ofrecer la recompensa. En el fondo es pagar por delatar, y la delación no es un problema de fácil manejo.

Para empezar, la ley penal obliga a los funcionarios a denunciar los delitos cuya comisión lleguen a conocer, y ello, la mayoría de las veces conduce, precisamente a una delación.

Y la defensa de los derechos colectivos, en la ley, se premia con un incentivo en dinero. Y también aquí se dá muchas veces la delación, como cuando se demanda un contrato estatal por haberse desconocido la moralidad administrativa o haberse afectado el patrimonio público. El demandante es, entonces, en relación con el o los funcionarios que celebraron el contrato, un delator.

Periódicamente, las dependencias de control fiscal o la administración de impuestos invitan a denunciar, vale decir a delatar, a los evasores o a los ordenadores de gastos que desvíen los dineros del Estado, es decir, que incurran en un delito llamado peculado. Y esas agencias públicas garantizan en sus avisos de prensa y televisión, la "discreción" sobre el denunciante-delator. Se dirá que en estos casos no se paga dinero, por lo que los denunciantes no tienen otra motivación que el combate cívico de la corrupción. No es cierto; con mucha frecuencia esos mecanismos se utilizan para dañar prestigios o satisfacer pequeñas mezquindades o grandes venganzas.

Todos los Estados han fomentado la delación. En lo más álgido de la Guerra Fría, yo recuerdo que, siendo un niño, me causaba angustia la información repetida por la propaganda americana con las correspondientes fotos, de que, en alguna parte de la U.R.S.S., había una estatua de un niño, "héroe de la patria", cuya hazaña era haber denunciado a sus padres como traidores al sistema comunista. Una sacralización de la delación, debidamente premiada con la gloria nacional.

El problema es que esta clase de proceder no cabe realmente en lo jurídico, primero, porque a nadie se le debe recompensar por cumplir la ley, y porque a nadie se le puede prometer el pago para que mate a otro ser humano. Es por eso que esta clase de proceder es una cuestión de política. Y la política, como dijo Maquiavelo, es independiente de la moral, de la ética y del derecho, porque se mueve en el ámbito inhumano del poder, donde reina como monarca absoluta la Conveniencia.

Hace casi 2.000 años, un individuo que delató a su maestro, a sabiendas de que ello le significaría la muerte, recibió en pago del Estado, treinta monedas de plata. Es buen motivo de reflexión en esta Semana Santa.