Guatemala es el único país latinoamericano, aparte de Cuba, que aplica la pena de muerte, una extraña anomalía en un continente que la abolió desde hace años y donde se la mira con hostilidad, a pesar de que, en ocasiones, alguna situación excepcional, haga que algunos la reclamen, aunque sin mucha insistencia. Ahora, la decisión del Congreso guatemalteco, que la pasada semana aprobó devolver al presidente de la República la potestad del indulto como último recurso para salvar la vida de los condenados a muerte, volvió a poner en vigor una institución que no se aplica en el país centroamericano desde el año 2000, ( aunque hay 41 reos condenados. )
La nueva ley establece que, una vez agotados todos los recursos, el reo que sea condenado a la pena capital podrá pedir que se le conmute por la del máximo tiempo de prisión —50 años— en los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que sea firme la sentencia. Añade que el presidente tendrá que estudiar ineludiblemente todas las solicitudes y resolverlas en un plazo de 30 días. De lo contrario, la petición “se tendrá por denegada tácitamente”.
La ley ha causado la indignada reacción de los adversarios de esta pena con toda razón, ya que ella es sin duda, dondequiera que exista, un rezago anacrónico que ningún argumento puede justificar. Pues no está lejano el día en el que ella se considere no solo injusta sino absurda, como lo es atribuirle exclusivamente a alguien un delito, el que sea, cuya responsabilidad comparte, con seguridad, la sociedad entera
No hay comentarios:
Publicar un comentario