Por mayoría de un solo voto, la Suprema Corte de los EE. UU. han declarado contraria a la Constitución una ley de Louisiana qu imponía la pena de muerte a los violadores de niños de menos de 13 años. El caso de Patrick Kennedy, de 43 años era casi único entre los 3.300 condenados que esperan su ejecución en el corredor de la muerte: por más que no había cometido un asesinato, fué condenado a la pena capital por la violación de su sobrina de 8 años. Los defensores de la ley adoptada en 1.995 argumentaban el carácter particularmente odioso del delito, pero los adversarios sostenían que ella ponía en peligro las vidas de las víctimas de la violación.
La Suprema Corte, que había prohibido la pena de muerte para los autores de violación en 1.977, ha confirmado su jurisprudencia recordando que ese castigo no debe aplicarse sino a los asesinos. « Existe un consenso nacional» sobre la cuestión considera el magistrado Anthony Kennedy autor de la ponencia. Con 5.000 violaciones de menores por año en EE.UU. , el riesgo era que se multiplicaran las condenas. Aparte de Louisiana, otros cuatro Estados tienen leyes similares: Texas (que concentra el 60 % de las ejecuciones), Montana, Oklahoma y Carolina del Sur. Al limitar la pena capital a los asesinos, la Corte se basa en la 8a Enmienda que prohibe las penas «excesivas, crueles o inhabituales». Con ello ha restringido el campo de aplicación de la pena de muerte en los años recientes, prohibiéndola para los criminales menores, mentalmente retardados o que no han tenido una defensa suficiente.
El fallo ha evidenciado, una vez más, la realidad de una Corte dividida. El juez Anthony Kennedy, autor del proyecto tiene 71 años y fué nombrado por Ronald Reagan en 1.988 después de que el Congreso vetó la designación de Ronald Bork, uno de los juristas más brillantes de norteamérica, a quien los liberales combatieron por considerarlo excesivamente conservador. Kennedy, un moderado, más bien mediocre, ha servido, sin embargo para mantener a raya a los dos magistrados nombrados por George W. Bush (John Roberts y Samuel Alito). Nombrados de por vida, los magistrados influyen en el país por encima de los mandatos presidenciales. Con cuatro de entre ellos con más de 70 años (John Paul Stevens tiene 88 años), es una de las cuestiones que se juegan en la elección presidencial.
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