miércoles, 19 de septiembre de 2007

Chiquita

Pocas cosas chocan más en nuestro medio como el criterio con el que se maneja la justicia en los EE. UU.. nuestro concepto de justicia, impregnado de moral y de ética no puede comprender una visión tan pragmática y utilitarista. Y nuestra prensa, que no se preocupa por averiguar al menos el fundamento de ese pragmatismo contribuye a la incomprensión generalizada.
El más reciente episodio en esta danza de los malos entendidos tiene que ver con la compañía Chiquita Brands, la empresa bananera, heredera precisamente de la célebre United Fruit de tan ingrata memoria en la historia nacional. Resulta que Chiquita fué acusada por el gobierno americano de hacerle pagos a grupos paramilitares en Colombia. La compañía alegó que se había visto obligada a hacerlo para proteger sus intereses y a sus empleados ( -en ese órden ? ). Y entonces aquí es donde entra el tipo de razonamiento económico que resulta incomprensible para los nuestros: la compañía se acoge al "plea bargain": una especie de aceptación de los cargos para negociar: mediante esa negociación se llega a un acuerdo en el que el acusado acepta su responsabilidad previo pago de una suma, y el Estado desiste de la imputación del delito. El razonamiento es aún más "infame"; al aceptar esta negociación, el acusado, en este caso Chiquita, se ve obligada a pagrar una suma a título de multa, pero se libra de una condena que podría llegar a ser muy gravosa, y el Estado se ahorra los costos de una larga investigación y el proceso subsiguiente, con la eventualidad de que al final no se logre demostrar la total responsabilidad de la compañía bananera.
No ha habido, pues, un fallo y mucho menos una condena. Pero tan extraño procedimiento deja entre nuestras gentes la impresión de que la empresa pagó una suma irrisoria como castigo por haber negociado con asesinos del pueblo colombiano. Y en un sentido, esa frustración es lógica, porque ella expresa un concepto de lo justo que va más allá de una simplista valoración mercantil, que es lo que se percibe debajo del famoso "negocio" judicial.

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