Eligiendo jueces

En estos días andamos eligiendo magistrados (jueces) de la Corte Constitucional. The Economist se refiere al tema de la elección de los jueces recordando que Barak OBAMA no fué la única persona seleccionada por los votantes americanos en este mes. También se depositaron papeletas por miles de jueces de las Cortes estaduales, después de costosas y duras campañas. Ninguna otra nación en el mundo escoge sus jueces por ese agitado método democrático, como lo ha señalado Sandra Day O'Connor, la primera mujer que llegó a la Suprema Corte. En su opinión, ello es así porque la mayoría de los países sabe que ese método no es el adecuado para tener jueces justos e imparciales.  

Si se excluyen unos pocos cantones suizos, la investidura de los jueces por el voto popular es en realidad muy rara.   Pero en los tribunales internacionales, de la Corte Internacional de Justicia (conocida como Corte Mundial) a la Corte Europea de Derechos Humanos, los jueces son nombrados por representates nacionales sin participación popular. Y como ocurre en el sistema americano no hay garantía de que esos votos produzcan individuos calificados u honestos. Como resultado, decisiones que afectan millones de vidas pueden ser tomadas por personas inadecuadas: " tinterillos de los gobiernos y  con poca o ninguna experiencia que han demostrado su lealtad a sus gobiernos defendiendo lo inaceptable" como lo planteó un abogado defensor de los derechos humanos.  

Entre los cinco jueces elegidos a principos del mes por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU a la Corte Mundial (de 15 jueces) estaba un candidato de Somalia, un país que está en la lista de Freedom House un think-tank americano, como uno de los "peores entre los peores" en el respeto de las liberades civiles y públicas. Desde luego,  malos países pueden producir excelentes individuos; pero para algunos es muy inquietante que la Corte, que decide disputas entre los Estados, ahora incluya tres jueces de países clasificados por Freedom House como "no libres" (China, Rusia y Somalia) y otros tres de países considerados "parcialmente libres" (Jordania, Marruecos y Sierra Leona).   

Criticos de la Corte han tratado de establecer un vínculo entre la dudosa membresía y sus decisiones más controversiales. Poco despúes de la “advisory opinion” de 2004 sobre el muro erigido por Israel en la márgen Occidental considerándolo como un rompimiento del derecho internacional humanitario, Eric Posner un profesor de Derecho de la Universidad de Chicago le lanzó un agrio ataque. Considerando a la Corte como "irrelevante" y cada vez más ignorada, criticó a los jueces por su decisión. Expresó que el 90% de las veces ellos votan por su país natal -o de acuerdo con naciones de similar especie: los ricos con los ricos, los autoritarios con los autoritarios.- Por supuesto, ello no prueba que la Corte esté equivocada sobre el muro- pero esas actitudes debilitan su papel como árbitro moral.     

Conseguir un puesto en un tribunal internacional respaldado por la ONU, con un salario de unos 170.000 dólares anuales es una posibilidad tentadora para países pobres donde los jueces escasamente se ganan la décima parte de esas suma. No es por tanto sorprendente que algunos países promuevan candidaturas en pago por servicios prestados. (un miembro de un tribunal por crímenes de guerra no tenía calificación distinta a la de ser primo del presidente de su país.) Pero los estereotipos pueden confundir: muchos jueces de países pobres son notables, mientras que los de países ricos pueden ser terribles.   

Los 47 jueces de la Corte Europea de Derechos Humanos (no confundirla con la Unión Europea) son elegidos por el Consejo de la Asamblea Parlamentaria. El único requisito es que los candidatos tengan un "alto carácter moral" y cualquiera de las calificaciones requeridas para un alto cargo público en su propio país, o que sean abogados o académicos "de reconocida competencia". Este no es un obstáculo muy grande para candidatos de los países ex-comunistas cuyos sistemas legales están todavía contaminados y en formación. Muchas candidaturas reflejan el compadrazgo, y no la idoneidad profesional- pero, los fallos de la Corte Europea son vinculantes para todos los países miembros.    

Similares condiciones vagas se les exigen a los 18 jueces de la Corte Penal Internacional, junto con la necesidad de que reflejen los principales sistemas legales del mundo y el deseo de que se logre una distribución "equitativa" por geografía y sexo. Designados usualmente por nueve años, los jueces de la CPI deben ser elegidos por una mayoría de los dos tercios de los 108 estados miembros. Todos, salvo dos, vienen de países considerados "libres" (incluyendo algunos pobres); ninguno de un país "no libre".   

Como la CPI tiene que adelantar apenas su primer proceso, es muy temprano para juzgar a sus jueces. Pero en los Estados Unidos, donde el 60% de los jueces de apelación estatales, y el 80% de los jueces estatales de primera instancia, enfrentan elecciones demandadas, los ruidosos procesos políticos contribuyen ciertamente a una endémica falta de confianza en el sistema judicial, por lo menos en el nivel de los Estados. (Los juedes Federales no se eligen popularmente). Algunos Estados permiten que los candidatos recojan fondos que con frecuencia llegan a millones de dolares. De acuerdo con una encuesta, el 70% de los norteamericanos piensa que las contribuciones a las campañas influyen en los fallos. Por lo ménos las Cortes internacionals no están plagadas de amargas batallas electorales. En realidad, dados los obstáculos encarados por esos tribunales, es sorprendente que la mayoría de los jueces haga un buen trabajo. Y podrán operar aún mejor en la medida en que se adopten los sistemas de merito que se están diseñando en la ONU -en la primer revisión de su propio sistema de justicia (que se refiere al control discipinario) en mas de 60 años. Unos 50.000 funcionarios de la ONU en el mundo se verán afectados.  

Siguiendo un informe de un panel de expertos que consideraron que el sistema actual de control es "anticuado, disfuncional e inefectivo", Ban Ki-moon, el Secretario General de la ONU nombró un Consejo Interno  de Justicia que incluye a tres expertos juristas externos. Su trabajo es recomendar candidatos adecuados para un nuevo sistema independiente de doble instancia compuesto por jueces profesionales con no menos de diez años de experiencia. Aunque el Consejo debe ponerle "debida atención" a la geografia, este no sera ya un factor decisivo.  

En respuesta a avisos de prensa (otra novedad), lo mismo que a través de la pagina Web de la ONU, se han recibido 237 solicitudes de 55 países. Los 41 candidatos preseleccionados fueron a La Haya para una entrevista y un exámen escrito de dos horas, antes de que se elaborara una lista final de 25 nombres, más o menos dos para cada cargo disponible. Dos tercios de los finalistas viene de países con sofisticados sistemas judiciales. Lo cual deberá impedir el riesgo de nombramientos infortunados cuando la Asamblea General elija los nuevos jueces el mes próximo.