= Me dicen, porque no lo escuché, que el Presidente, ante la magnitud del desastre de las pirámides, ha reconocido la responsabilidad del Estado en lo ocurrido. No estoy de acuerdo con ese reconocimiento, y parece un acto populista y demagógico dictado por la evidente preocupación que se observa en los centros del poder por las reacciones populares que lo acusan, al menos en parte, de haber provocado la crisis. Tampoco estoy de acuerdo por completo con obligar a renunciar al Superintendente Financiero.
Y debe decir que entiendo la posición de ese funcionario. En un país lleno de normas que entorpecen la agilidad de las actuaciones administrativas, la posibilidad de tomar medidas en una situación tan difusa, sin verdaderas denuncias de los afectados, sin pruebas y con una población completamente omnubilada por la idea de la ganancia fácil, es casi imposible. A ello hay que agregar la mentalidad de jueces y magistrados siempre listos a interpretar a la topa tolondra argumentos jurídicos para frenar a las autoridades, en nombre de una mal entendida protección de los derechos.
Y en últimas, no tiene sentido, ni es conveniene excusar sin más a las propias personas que se metieron en ese carrusel por su propia voluntad y a sabiendas del riesgo que corrían. No se puede seguir tratándo a la gente como si estuviera compuesta por menores de edad incapaces de asumir su propia responsabilidad. Aquí no hubo estafados ni engañados; y el Estado debe aprovechar la oportunidad para hecer hincapié en la necesidad de construir una sociedad seria y madura.
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