Un funcionario de libre nombramiento y remoción, en cualquier cargo público que ocupe, debe estar siempre avisado de que está sujeto al áleas de tener que irse en cualquier momento. por eso, cuando el gobierno determina que su vinculación con el Estado no vá más, debe presumirse que su remoción es legal y legítima, salvo que se demuestre lo contrario. Y esa presunción vale incluso para los funcionarios que han sido y esperan seguir siendo en el futuro, periodistas.
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