En la frontera con Venezuela se ha armado un problema gravísimo que ya lleva varios dias y ha causado manifestaciones y heridos hasta llegar casi a la asonada. Ocurre que el gobierno colombiano instaló peajes en los puentes internacionales. Estos peajes son parte de un contrato otorgado por el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) a la Concesionaria San Simón para la construcción y mantenimiento de las carreteras. Aparentemente esos peajes son, además ilegales, ya que existen normas en contrario y además un Tratado Internacional.
Pero el caso pone sobre la mesa una práctica habitual en esta clase de negociaciones: adjudicar las concesiones y permitir que el concesionario cobre peaje por varios años antes de iniciar las obras. Esto, que seguramente se explica desde alguna racionalidad puramente financiera, es terriblemente impopular y la gente lo recibe como una verdadera agresión, porque nadie comprende las razones del negocio. Lo que va a pasar seguramente, ya ocurrió en el Valle del Cauca, donde un contrato similar tuvo que ser terminado de común acuerdo por razones de órden público, debido a la rebelión de los usuarios de la carretera. Y vino la reclamación del empresario, quien alegó que se le debían pagar la utilidades no percibidas. Total: no hubo carretera y el Departamento se vió obligado al pago de una suma multimillonaria.
Lo que tampoco está claro es que se convenga la implantación de peajes en la frontera sin un estudio de la viabilidad, teniendo en cuenta, además que se comprometían las relaciones con un país extranjero.
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