Este país, que no ha logrado tener un régimen adecuado y completo de carrera administrativa, a pesar de estar hablando de ello desde hace más de setenta años, mantiene una prohibición general a los funcionarios públicos de que intervengan en política. lo cual, precisamente por la falta de esa carrera es una falacia, porque al no ingresarse al servicio público a través de concurso, la puerta principal es precisamente la militancia política. Y una vez nombrado, el servidor público deberá ser leal a su benefactor político. El propio Estado lo reconoce al prohibirle a los empleados de la administración que se ocupen de tramitar las peticiones que quienes los "recomendaron' para ser nombrados, presenten ante el correspondiente ente oficial.
- No sería mejor autorizar esa militancia de manera expresa ? Una decisión así tendría varias ventajas: en primer lugar, se limitarían las maquinaciones subrepticias a favor de un candidato, que de todos modos existe. Los funcionarios quedarían en evidencia apoyando a su candidato y al mostrarse como parte interesada, su respaldo perdería eficacia ante la opinión. Y, en todo caso, el Estado no tendría que desempeñar, en cada elección, el triste papel de bufón, cuando pretende hacer de severo e hipócrita fiscal de las actuaciones de sus servidores.
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