Los magistrados

En los Estados Unidos la Constitución dispone que los candidatos a magistrado de la Suprema Corte sean propuestos por el presidente de la nación cuando se presentan vacantes. El candidato nominado debe ser elegido por el Congreso. Y desde siempre se ha entendido que el jefe del Estado presenta para el cargo a alguien de quien él piensa que favorecerá sus orientaciones políticas. A nadie se le ocurre que, ante esa oportunidad, el presidente habrá de nominar a un candidato del partido contrario al suyo. El Congreso, por su parte, sobre todo en los últimos años, votará por convicción política y de acuerdo con las mayorías que dominen las Cámaras. Y nadie ha pretendido que sea de otra manera: nadie pretende que el presidente presente como candidato a una especie de eunuco político con la pretensión de que sea un jurista en estado puro invulnerable a toda proclividad ideológica. Eso, sin duda es realismo; y la historia enseña que a pesar de los deseos del Ejecutivo, en más de una ocasión, el elegido resulta ser mucho más independiente de lo que se suponía.