Las sentencias de los tribunales deben ser respetadas y acatadas. En eso estriba la solidez de su institucionalidad, porque las Cortes no tienen el poder de hacer respetar sus decisiones a través de la fuerza, sino que fundan el peso de su actividad en la convicción y en la confianza. Pero ello no significa que los fallos judiciales no puedan ser controvertidos mientras ello se haga desde la altura del análisis serio y responsable. Así ocurre, por ejemplo en la academia: las facultades de Derecho pueden e incluso tienen el deber de examinar esos dictámenes para la capacitación de sus alumnos. Y también los juristas, porque es mediante tal escrutinio como se configuran las doctrinas jurídicas.
Ese rigor, por desgracia no lo tiene la prensa, que carece de la profundidad necesaria para calibrar en su justo sentido la actividad jurisdiccional. Sus juicios son no solo apresurados, sino casi siempre interesados. Tan pronto descalifica un pronunciamiento por simples razones de conveniencia; la suya, claro está, que ella presenta como expresión del interés general. Y luego, con la misma superficialadad, clama al cielo su indignación por lo que interpreta como un atentado contra la independencia de los jueces, cuando lo que ellos pronuncian le parece justo, adecuado y racionales.
Pero en esos alborotos mediáticos, casi siempre la que pierde es la fe de las gentes en sus jueces.
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