Contra los ex-magistrados

Entre las propuestas de reforma de la justicia, hay una que tiene muy importantes partidarios: se trata de prohibirle a quienes terminan su período como magistrados en las Altas Cortes que ejerzan su profesión ante la corporación en la que estuvieron nombrados. Es una propuesta atractiva, especialmente para las oficinas o "bufetes" capitalinos que ven con frecuencia cómo los ex-magistrados salen a litigar, generalmente con mucho éxito, en el mercado que a ellas les corresponde por un derecho pleno, no escrito, pero merecido. En efecto, no es infrecuente que esos ex-servidores públicos compitan deslealmente con quienes se merecen las elevadas ganancias que se derivan de su sapiencia y de su notable influencia en las altas esferas del poder. No es suficiente que esos bufetes sean los capacitados recintos donde se redactan los proyectos de ley que se transformarán luego en estatutos de contratación estatal, y se concreten las compejas asesorías que necesita el gobierno para adelantar con éxito sus proyectos, o expedir las resoluciones de los entes administrativos de control. Es necesario además, que esos mismos centros de pensamiento tengan libertad suficiente para interpretarlos y aplicarlos adecuadamente en casos específicos, sin verse perturbados en su actuar por personas que se valen de sus conocimientos y su experiencia, adquiridos, no en las costosas universidades extranjeras, sino a sueldo del Estado, es decir, pagados por los contribuyentes, lo que no los hace merecedores de ingresar además, al rico circuito de los grandes negocios jurídicos.