El gobierno ha presentado, entre las reformas que quiere proponer para la justicia, el aumento del período de los magistrados de las altas Cortes, de 8 a 12 años. La edad de retiro forzoso pasaría, de los 65 a los 70 años, y se exigiría para ser elegido, una edad mínima de 45 años, mas una experiencia en el ejercicio profesional, de 20 años. En general, es una buena iniciativa. El cambio constante en la composición de las Cortes conspira contra las ventajas de una jurisprudencia estable, que es uno de los elementos de la seguridad jurídica. Es por eso que en otros países, la magistratura se elige de por vida, y los altos jueces permanecen en sus cargos "mientras guarden un buen comportamiento" como lo expresa la Constitución de los Estados Unidos. La edad mínima, que deberían ser los 50 años, como la experiencia exigida, parten del supuesto evidente de que la madurez y el conocimiento en materia jurídica solo se alcanzan a una edad relativamente avanzada.
Otra cosa es que ese proyecto se apruebe con esas características. A la edad de retiro para los magistrados, que se ha intentado incrementar periódicamente, se le suele adicionar una multitud de cargos distintos, notarios, procuradores, fiscales, auxiliares etc. etc. que siempre terminan por hacer fracasar el propósito. El regreso a la cooptación que al parecer también está incluido en el proyecto, le asegura la animadversión del Consejo de la Judicatura, que al verse debiltado, tratará de torpedearlo en el Congreso.
Pero además, este es un país de gente jóven y ambiciosa que no mira con buenos ojos el que sus aspiraciones de llegar a una de las Altas Cortes, se retrasen. Esta es una idea particularmente impopular entre los distinguidos y distinguidas abogados y abogadas litigantes que esperan pasar unos pocos años como magistrados, antes de regresar, con más prestigio a sus opulentasy rentables oficinas particulares.
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